La asistencia en salud mental dependerá sólo de Sanidad

El futuro decreto que regulará la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) dará respuesta a una reivindicación frecuente de los profesionales de la salud mental (ver DM del 20-X-2005): las prestaciones sanitarias de este ámbito estarán totalmente en manos de los servicios de salud. Algunas -como la rehabilitación psicosocial (ver DM del 10-II-2006)- dependen en ciertas regiones de las consejerías de Servicios Sociales, o bien están concertadas con ONG o agrupaciones de familiares de enfermos, por lo que el cambio "permitirá al ciudadano saber que tiene derecho universal a estas prestaciones, mientras que ahora tienen consideración de algo graciable", según ha explicado a Diario Médico Francisco Chicharro, presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN).

Hasta ahora, los servicios sociales y los sanitarios funcionaban coordinados "en la medida de lo posible", pero para que la atención sea óptima "es deseable que haya un mando único, además de más recursos", tal y como pide Luis Agüera, de la Sociedad Española de Gerontopsiquiatría y Psicogeriatría (Segep).

Lo que no funciona

El futuro decreto podría, en efecto, impulsar el desarrollo de algo "que no ha llegado aún a funcionar: lo psicosocial y lo sociosanitario", afirma Agüera, que es coordinador del Programa de Psicogeriatría del Área II de Madrid, autonomía que, según el representante de la Segep, se encuentra revisando la implantación de su Plan de Salud Mental 2003-2008.

Asimismo, el establecimiento de un sistema de actualización de la cartera de servicios a través del consenso permitirá, en opinión de Chicharro, "dar al Consejo Interterritorial (CI) un papel más técnico que político", algo frecuentemente reclamado por los profesionales.

No obstante, para que la situación de la atención psiquiátrica en España sane de su principal mal, el desequilibrio autonómico de recursos, será necesaria la aprobación de otro documento en proyecto: la Estrategia Nacional de Salud Mental, que previsiblemente se presentará este año en el CI. Este documento deberá "establecer unos mínimos que obliguen a los responsables sanitarios a hacer un esfuerzo para no verse desfavorecidos frente a otras regiones", considera el presidente de la AEN.

Falta de planificación

A su juicio, desde que se inició la reforma psiquiátrica en España -hace veinte años, después de la Ley General de Sanidad-, este tipo de asistencia ha adolecido de "falta de planificación y coherencia", lo que ha provocado "no sólo desigualdades entre las autonomías, sino entre distintas zonas dentro de una misma región".

Por tanto, Chicharro asegura mostrarse esperanzado, aunque reconoce que "no creo en la magia: al final todo será cuestión de voluntad política por parte de las Administraciones sanitarias autonómicas". Según expone el presidente de la AEN, ni siquiera "hay datos fiables sobre recursos de salud mental" en el SNS, algo que es un punto de partida necesario para elaborar la citada estrategia nacional.

Por ello, la asociación puso a disposición del Ministerio de Sanidad su Observatorio Nacional de Salud Mental, que según Chicharro está siendo aprovechado por el departamento que encabeza Elena Salgado.

Defensa de la universalidad

Manuel Gómez ºBeneyto, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Valencia y coordinador del grupo de trabajo que está elaborando la Estrategia de Salud Mental, considera que existe un interés generalizado en conseguir que prestaciones como la rehabilitación psicosocial dependan de Sanidad, aunque "lo importante no es quién gestione, sino que quede clara su universalidad". El borrador tendrá en cuenta lo recogido en el decreto de cartera de servicios "para que sea compatible, insistiendo en la equidad, que ahora no existe, y en la mejora de la aportación y gestión de los recursos". Esta coordinación será posible gracias al retraso de la estrategia (ver DM del 20-X-2006), cuya tramitación está prevista de forma simultánea a la del decreto de cartera, y que finalmente se presentará al CI a finales de año después de haber sido discutida por las autonomías. Según Gómez Beneyto, este retraso se debe a lo complejo y multisectorial de la salud mental, no a los cambios producidos en el organigrama del Ministerio de Sanidad.