Las personas que no pueden valerse por sí mismas (incluido por trastorno mental) tendrán derecho a recibir atención pública a partir del año que viene. Así lo prevé el proyecto de Ley de Dependencia que ayer aprobó el Gobierno. La Administración central y las comunidades autónomas cofinanciarán la atención. Los usuarios abonarán parte del coste.
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Esta Ley se inspira en los siguientes principios:a) El carácter público de las prestaciones del Sistema Nacional de Dependencia.b) La universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación, en los términos establecidos en esta Ley.c) La atención a las personas en situación de dependencia de forma integral e integrada.d) El establecimiento de las medidas adecuadas de prevención, rehabilitación, estímulo social y mental.e) La promoción de las condiciones precisas para que las personas en situación de dependencia puedan llevar una vida con el mayor grado de autonomía posible.f) La permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que desarrollan su vida.g) La calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios de atención a la dependencia.h) La participación de las personas en situación de dependencia y, en su caso, de sus familias y entidades que les representen en los términos previstos en esta Ley.i) La colaboración de los servicios sociales y sanitarios en la prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Dependencia que se establecen en la presente Ley y en las correspondientes normas de las Comunidades Autónomas y las aplicables a las Entidades Localesj) La participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia.k) La cooperación interadministrativa.
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