La Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología Clínica está agilizando enormemente la tramitación de los expedientes de homologación con el refuerzo que ha supuesto la creación de los cuatro grupos de apoyo formados por psicólogos clínicos procedentes de las cuatro disposiciones adicionales.

La cantidad de solicitudes y la forma de acelerar el procedimiento han sido una preocupación constante de la Comisión que ha planteado en numerosas ocasiones a la Administración. Finalmente atendiendo a estos requerimientos se publica en diciembre de 2005 una Resolución de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación, en la que se adoptan medidas para agilizar el procedimiento. Desde finales de julio se ponen en marcha 4 grupos de trabajo integrados cada uno por 12 especialistas en Psicología Clínica, tutelados por los miembros de la Comisión, para la valoración de los expedientes. Los grupos se reúnen todas las semanas por lo que el volumen de expedientes valorados aumentara de forma significativa. Como buena muestra de ello en este periodo, desde finales de julio a finales de septiembre, en la practica un mes, se han valorado cerca de 500.

El procedimiento asegura, además de la agilización del proceso, la correcta aplicación de los criterios de valoración, al estar en todo momento tutelados y supervisados por los miembros de la Comisión y por ambos Ministerios. Inexplicablemente y de forma simultanea al inicio del procedimiento, el COP ha presentado una nueva queja al Defensor del Pueblo planteando que la Administración no hace nada para agilizar la tramitación de los expedientes, al tiempo que informa a los colegiados sobre los recursos que pueden interponer ante dicho retraso. Asimismo plantea que los criterios que se han transmitido a los grupos de expertos son diferentes a los que se venían aplicando. Induciendo de esta forma a la confusión, e introduciendo desconfianza e inquietud en todos los interesados.

Por tanto creo necesario aclarar, en primer lugar, que los criterios son exactamente los mismos que desde el inicio se han aplicado, como no podía ser de otra forma, salvo que la Administración y la propia Comisión incurrieran en la ilegalidad. En cuanto a la queja interpuesta ante el Defensor del Pueblo, ya ha tenido su contestación. Ese Organismo se dirigió al Ministerio de Educación que le remitió un informe de la Dirección General de Universidades en el que se detalla exhaustivamente el procedimiento de agilización ya puesto en marcha.

Por ultimo el propio Ministerio de Educación informó a la Organización Colegial, en julio de 2003, del perjuicio que podría resultar a los interesados el interponer un recurso; ya que quedaría paralizada la valoración de su expediente hasta que un tribunal de justicia dictara sentencia. Por tanto ante estas circunstancias parece de todo punto incomprensible la actitud del COP que al parecer continua empeñado en sembrar la mas completa confusión.

Con fecha 6 de junio la situación de los expedientes era la que sigue:

1. Expedientes pendientes de valoración por la comisión Nacional:    5788
2. Expedientes pendientes de valoración por la comisión Nacional a los que el Ministerio ha pedido documentación:    623
3. Expedientes retenidos por el Ministerio hasta la publicación del Decreto de ampliación de plazos:    40
4. Expedientes sobre los que se ha iniciado la valoración por la comisión Nacional (pendientes de enviar documentación, negativos, propuesta de prueba, propuesta de formación complementaria):    1232
5. Expedientes que no cumplen requisitos:    83
6. Títulos concedidos:    2829
7. Nuevas solicitudes:    3937

Al ritmo de trabajo que han comenzado a trabajar los diferentes grupos es razonable anticipar que su trabajo estará terminado antes de un año.