No obstante, los grupos de defensa de los Derechos Humanos indicaron que estas leyes violan los derechos de estos ciudadanos y los derechos de los pacientes. La secretaria de Estado de Sanidad británica, Rosie Winterton, ha dicho que la ley reflejará los cambios que ha habido en los servicios de salud mental en los últimos años.
Las
leyes británicas actuales no permiten que las personas con trastornos mentales severos
puedan ser detenidas sin haber cometido ningún delito. Estos
cambios podrían afectar a alrededor de 14.000 personas de las 600.000
que actualmente usan los servicios de salud mental.
La Mental Health Alliance, que representa a 78 organizaciones que
incluyen a facultativos, personal de salud mental y pacientes se ha
unido para oponerse a la ley. En su opinión esta ley es "impropia del
siglo XXI". La doctora Sheila
Hollins, que preside el Royal College of Psychiatrists, ha manifestado que estos cambios
no ayudarán a la gente con problemas mentales. 'Creo que la idea de que
esta ley va a prevenir homicidios y agresiones es una equivocación'.
Los partidos de la oposición han anunciado una dura tramitación parlamentaria. Alrededor de 50 parlamentarios laboristas han firmado un documento indicando su intención de votar contra la ley que se aplicaría a Inglaterra y Gales.
La polémica ha saltado a los medios de comunicación británicos. Varios diarios como el Times o The Guardian le dieron ayer cobertura informativa. Hoy The Independent le da un tratamiento editorial destacado, exponiendo de forma clara y más extensa el alcance de la polémica ley.
