Un total de 186 pares frente a 115 votaron a favor de una enmienda para restringir las circunstancias en las que una persona con trastornos incurables de personalidad puede ser retenida en un centro médico.
La enmienda, presentada por el liberal demócrata Lord Carlile, autoriza el encierro de enfermos sólo en caso de que se les pueda administrar un tratamiento 'que alivie o prevenga un deterioro de su estado'.
El proyecto de ley del Gobierno, muy criticado también en círculos médicos, proponía que los enfermos pudieran ser internados si se les consideraba un peligro para ellos mismos o para los demás.
Los Lores también apoyaron, por 216 votos a favor frente a 128 en contra, otra enmienda para limitar los criterios de diagnosis de los enfermos, así como para garantizar más revisiones médicas de los internados.
El Gobierno proponía que se consideraran criterios diagnósticos de enfermedad mental el consumo excesivo de alcohol o de drogas o los problemas de identidad u orientación sexual.
Lores de todos los partidos políticos, incluidos los laboristas, consideraron que estos criterios no ofrecían suficientes garantías de protección a los enfermos.
El conservador conde Howe, que promovió la enmienda, argumentó que tampoco debe considerarse como criterio de diagnosis el hecho de que una persona sea susceptible de cometer un delito o un acto de desorden público o por sus creencias culturales, religiosas o políticas.
El Gobierno encajó una tercera derrota al respaldar los lores, con 147 votos a favor y 108 en contra, una tercera enmienda para garantizar que un doctor sancionara la renovación de la orden de internamiento de un paciente.
El Ejecutivo ha intentado en varias ocasiones cambiar la actual ley de Salud Mental, de 1983, a raíz de la condena por asesinato en 1998 de Michael Stone, a quien se consideraba un psicópata peligroso, pero que, en virtud de la legislación vigente, no podía ser internado contra su voluntad, al ser su trastorno incurable.
Los especialistas se oponen al draconiano proyecto gubernamental, que afectaría a unas 14.000 de las 600.000 personas que cada año usan los servicios de salud mental, al considerar que está demasiado enfocado a la seguridad pública y no tiene en cuenta las necesidades de los enfermos.
Al igual que muchos parlamentarios, los expertos sostienen que este tipo de legislación prevendría que muchos pacientes se sometieran voluntariamente a tratamiento.
Otras noticias relacionadas
El gobierno laborista de RU pretende posibilitar la detención de los enfermos mentales
El tratamiento ambulatorio involuntario para pacientes mentales de nuevo en el parlamento español
